Tema 3: Procedimientos penales en la LECrim

Los procedimientos penales en la LECrim

Si hay un tema en el que el opositor de Auxilio Judicial nota desde la primera lectura que está delante de un océano, es éste. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es de 1882, conserva la estructura napoleónica de cuatro libros, ha sido reformada más de cuarenta veces y convive con un mosaico de leyes orgánicas que regulan instituciones específicas: el Tribunal del Jurado por la LO 5/1995, el Estatuto de la Víctima por la LO 4/2015, las medidas de protección de datos en el proceso penal por la LO 7/2021, y, ya en abril de 2025, una reforma estructural por LO 1/2025 que ha tocado los Tribunales de Instancia, los MASC en lo penal y la justicia restaurativa. Todo eso convive en el Tema 18, que el enunciado oficial despacha en una línea pero que en realidad pesa como tres temas juntos.

La buena noticia es que el examinador, consciente de la enormidad del cuerpo normativo, suele preguntar lo de siempre: ámbito de cada procedimiento, plazos críticos, órgano competente, fases. La mala es que entre los procedimientos hay diferencias finas (procedimiento abreviado vs juicio rápido, juicio sobre delitos leves vs faltas derogadas, jurado vs Audiencia Provincial sin jurado) que sólo se ven con un mapa claro de cuándo procede cada uno. Este apunte construye ese mapa.

La LECrim de 1882 es el segundo cuerpo procesal vivo más antiguo de Europa, sólo superado por el Código de Procedimiento Civil francés de 1806. Sobre ella se han ido construyendo,

1. Principios y partes del proceso penal

Antes de entrar en cada uno de los seis cauces que el Tema 18 enumera, conviene fijar los principios estructurales que rigen el proceso penal español y, sobre todo, el catálogo de partes (acusadoras y acusadas) con sus actos típicos. La razón pedagógica es sencilla: las preguntas-trampa del examen se construyen casi siempre sobre la confusión entre figuras (acusación particular vs popular, investigado vs acusado, responsable civil directo vs subsidiario), y sin un mapa claro de partes la probabilidad de fallar se dispara.

1.1. Principios estructurales

El proceso penal español obedece a un conjunto de principios constitucionales y procesales que no son meras declaraciones programáticas: condicionan literalmente cómo se redacta cada acto, cómo se valoran las pruebas y cómo se decide. Vale la pena tenerlos en la cabeza ordenados.

Principio según el cual la acción penal por delito público es ejercida de oficio por el Ministerio Fiscal, sin necesidad de denuncia ni querella de la víctima, salvo en los delitos privados (arts. 191, 215 y 287 CP) y en los semipúblicos (que requieren denuncia previa). El delito público no admite renuncia ni transacción.

Exigencia constitucional según la cual no hay proceso sin acusación: el órgano que juzga no puede a la vez acusar. El principio impone (i) congruencia entre acusación y sentencia, (ii) prohibición de condena por hechos o pena más grave que los pedidos por la acusación, (iii) separaci