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Parte Orgánica

Tema 4: Organización territorial del Estado

Preguntas tipo test de Organización territorial del Estado para la oposicion de Tramitación Procesal. Clasificadas por dificultad, con explicación legal en cada respuesta.

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Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, constituidas al amparo del artículo 144.b de la Constitución, aplican como impuesto indirecto general sobre el consumo:

Preguntas resueltas de Organización territorial del Estado

Muestra de 15 preguntas del temario oficial de Tramitación Procesal. Cada pregunta incluye la respuesta correcta y su explicación legal.

  1. Según el artículo 156.1 de la Constitución, las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de:

    1. Eficacia y descentralización presupuestaria.
    2. Coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles.
    3. Autosuficiencia y equilibrio presupuestario absoluto.
    4. Igualdad fiscal y proporcionalidad tributaria.

    Respuesta correcta: b

    El art. 156.1 CE limita la autonomía financiera autonómica con dos principios expresos: coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles. Estos principios se desarrollan en la LO 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Las demás opciones introducen principios que la Constitución no recoge en este precepto.

  2. Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla se constituyeron al amparo del artículo 144.b CE. Sobre su estatuto institucional, indique la afirmación correcta:

    1. Tienen Asamblea con potestad legislativa plena, equiparada a las Comunidades Autónomas.
    2. Carecen de Estatuto de Autonomía propio y se rigen exclusivamente por la LBRL.
    3. Su Asamblea no ejerce potestad legislativa formal: aprueba reglamentos y ordenanzas, pero no leyes; su autonomía es administrativa, no política.
    4. Se rigen por el régimen foral de la Disposición Adicional Primera CE.

    Respuesta correcta: c

    La respuesta correcta es la opción c: .

  3. Según el artículo 36 de la Ley 7/1985, ¿qué Administración asume tras la LRSAL 2013 la coordinación o prestación común de los servicios mínimos en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes?

    1. El Subdelegado del Gobierno en la provincia, previo informe del Ministerio de Hacienda.
    2. La Comunidad Autónoma respectiva, mediante consorcio obligatorio.
    3. La Diputación Provincial o entidad equivalente, con la conformidad del municipio y previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
    4. La Mancomunidad de municipios más cercana, con carácter automático.

    Respuesta correcta: c

    Tras la LRSAL 2013, el art. 26.2 LBRL (en relación con el art. 36 LBRL) atribuye a la Diputación Provincial o entidad equivalente la coordinación y, en su caso, prestación común de los servicios mínimos en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, con la conformidad del municipio afectado y previo informe del Ministerio de Hacienda. Es uno de los ejes centrales de la reforma local de 2013. Las demás opciones identifican incorrectamente la Administración competente.

  4. Conforme al artículo 138.1 de la Constitución Española, el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad velando por el equilibrio económico entre las distintas partes del territorio español, atendiendo en particular a las circunstancias:

    1. Del hecho diferencial histórico y lingüístico de las nacionalidades.
    2. De las regiones que hubieran plebiscitado Estatuto de Autonomía con anterioridad a 1936.
    3. Del hecho insular.
    4. De los territorios forales reconocidos en la Disposición Adicional Primera.

    Respuesta correcta: c

    El art. 138.1 in fine CE atiende «en particular a las circunstancias del hecho insular», fórmula que justifica las singularidades económicas y fiscales de Canarias (REF) y de Baleares y el régimen institucional propio de Cabildos y Consells. La opción A introduce un concepto («hecho diferencial») que no aparece literalmente en el art. 138.1. La opción B reconduce a la DT 2.ª, no al art. 138.1. La opción D remite a la DA 1.ª, ajena a la cláusula del art. 138.1.

  5. Conforme al artículo 152.2 CE, los Estatutos sancionados por la vía del artículo 151 o de la DT 2.ª solamente podrán ser modificados:

    1. Mediante ley ordinaria de las Cortes Generales.
    2. Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno autonómico ratificado por el Senado.
    3. Mediante mayoría simple del Parlamento autonómico, sin aprobación estatal.
    4. Mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

    Respuesta correcta: d

    La respuesta correcta es la opción d: .

  6. Conforme al artículo 141.1 CE, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada:

    1. Por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
    2. Por la Comunidad Autónoma mediante ley autonómica.
    3. Por las Diputaciones Provinciales afectadas mediante acuerdo plenario.
    4. Por Real Decreto del Consejo de Ministros.

    Respuesta correcta: a

    La respuesta correcta es la opción a: .

  7. El artículo 155 CE habilita al Gobierno a adoptar medidas frente a una Comunidad Autónoma que incumpla obligaciones constitucionales o atente gravemente al interés general, requiriendo para ello:

    1. Aprobación por mayoría simple del Congreso de los Diputados.
    2. Aprobación por mayoría absoluta del Senado, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma.
    3. Autorización previa del Tribunal Constitucional.
    4. Acuerdo unánime del Consejo de Estado.

    Respuesta correcta: b

    La respuesta correcta es la opción b: .

  8. El artículo 26.1 LBRL fija los servicios mínimos municipales por umbrales de población. ¿A partir de qué población es obligatorio el servicio de transporte colectivo urbano de viajeros?

    1. Más de 5.000 habitantes.
    2. Más de 20.000 habitantes.
    3. Más de 50.000 habitantes.
    4. Más de 100.000 habitantes.

    Respuesta correcta: c

    La respuesta correcta es la opción c: .

  9. Según el artículo 23.1 de la Ley 7/1985, en un Ayuntamiento con 21 Concejales, ¿cuál es el número máximo de miembros que puede tener la Junta de Gobierno Local, sin contar al Alcalde?

    1. Diez.
    2. Siete.
    3. Cinco.
    4. Tres.

    Respuesta correcta: b

    El art. 23.1 LBRL fija el número máximo de miembros de la JGL (sin incluir al Alcalde) en un tercio del número legal de Concejales. Con 21 Concejales, el cálculo es 21/3 = 7, redondeando por defecto cuando proceda. Por tanto, el máximo es siete miembros más el Alcalde. La opción A ignora el límite del tercio. Las opciones C y D rebajan indebidamente el máximo legal.

  10. La Disposición Adicional Primera de la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Sobre su aplicación práctica, indique la afirmación correcta:

    1. El País Vasco opera con Concierto Económico (Ley 12/2002) y Navarra con Convenio Económico (Ley 28/1990).
    2. Sólo el País Vasco tiene régimen foral; Navarra se rige por el sistema común de financiación.
    3. Cataluña y Galicia disfrutan también de régimen foral por la DA 1.ª.
    4. El régimen foral fue suprimido en 1978 y nunca recuperado.

    Respuesta correcta: a

    La respuesta correcta es la opción a: .

  11. Conforme al artículo 150.1 de la Constitución, las leyes marco mediante las que las Cortes Generales atribuyen a las Comunidades Autónomas la facultad de dictar normas legislativas:

    1. Sólo pueden afectar a materias de competencia exclusiva autonómica.
    2. Establecerán la modalidad del control de las Cortes Generales sobre las normas autonómicas dictadas en su desarrollo, sin perjuicio de la competencia de los Tribunales.
    3. Requieren mayoría absoluta de cada Cámara para su aprobación.
    4. Sólo pueden dictarse a favor de Comunidades Autónomas accedidas por la vía del artículo 151 CE.

    Respuesta correcta: b

    El art. 150.1 CE permite a las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, atribuir a las CCAA la facultad de dictar normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal; en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes sobre las normas autonómicas, sin perjuicio de la competencia de los Tribunales. La opción A invierte el supuesto (es materia estatal). La opción C confunde con el art. 150.3 (armonización). La opción D introduce una restricción inexistente.

  12. Conforme al artículo 143.2 CE, la iniciativa del proceso autonómico por la vía ordinaria requiere el acuerdo de las Diputaciones interesadas o del órgano interinsular correspondiente y de:

    1. Las tres cuartas partes de los municipios cuya población represente la mayoría del censo electoral de cada provincia.
    2. La mitad más uno de los municipios de la provincia o isla.
    3. Las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
    4. El acuerdo del órgano preautonómico colegiado por mayoría absoluta de sus miembros.

    Respuesta correcta: c

    La respuesta correcta es la opción c: .

  13. Tras la entrada en vigor del Estatuto, las Comunidades Autónomas constituidas por la vía del artículo 143 CE podrán ampliar sus competencias dentro del marco del art. 149:

    1. Inmediatamente, sin necesidad de plazo alguno.
    2. Transcurridos tres años desde la aprobación del Estatuto.
    3. Transcurridos cinco años y mediante reforma de sus Estatutos.
    4. Únicamente mediante ley orgánica del art. 150.2 CE.

    Respuesta correcta: c

    La respuesta correcta es la opción c: .

  14. Según el artículo 145.2 de la Constitución, los acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas distintos de los convenios para la gestión y prestación de servicios propios:

    1. Sólo requieren comunicación a las Cortes Generales.
    2. Necesitarán la autorización de las Cortes Generales.
    3. Quedan prohibidos en todo caso por el principio de unidad nacional.
    4. Sólo podrán celebrarse previa aprobación del Gobierno por Real Decreto.

    Respuesta correcta: b

    El art. 145.2 CE distingue dos regímenes: los convenios para la gestión y prestación de servicios propios previstos en los Estatutos requieren simple comunicación a las Cortes; los demás acuerdos de cooperación entre CCAA necesitan autorización expresa de las Cortes Generales. La opción A confunde el régimen aplicable. La opción C contradice el propio art. 145.2 que sí permite la cooperación. La opción D introduce un trámite gubernamental no previsto.

  15. Según el artículo 152.1 CE, el órgano que culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma es:

    1. El Tribunal Supremo.
    2. La Audiencia Provincial.
    3. El Tribunal Superior de Justicia.
    4. La Asamblea Legislativa autonómica.

    Respuesta correcta: c

    La respuesta correcta es la opción c: .

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