Test Tema 2 — Igualdad efectiva y no discriminación

La discriminación por asociación, incorporada por la Ley 15/2022 a partir de la jurisprudencia europea (caso Coleman, TJUE 2008), se produce cuando una persona sufre un trato peyorativo por su relación con otra en la que concurre una causa protegida (por ejemplo, padre de menor con discapacidad, cónyuge de persona LGTBI). Las opciones A, B y C no se corresponden con el concepto técnico.

España firmó el Convenio el 11 de mayo de 2011, depositó el instrumento de ratificación el 10 de abril de 2014 y el Convenio entró en vigor para España el 1 de agosto de 2014, conforme al art. 75 del propio Convenio. La opción B confunde con la fecha de apertura a la firma. La C confunde con la fecha de instrumento de ratificación. La D corresponde a la entrada en vigor de la Ley 15/2022.

El art. 21 CDFUE prohíbe expresamente toda discriminación, en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión, opinión, pertenencia a minoría, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. El art. 14 regula el derecho a la educación. El art. 23 se ocupa de la igualdad mujeres-hombres. El art. 25 protege a las personas mayores.

El art. 10 LOIMH consagra la nulidad de los actos y cláusulas discriminatorios y configura un sistema de reparaciones reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido. La A confunde con anulabilidad civil ordinaria. La B inventa una potestad inexistente del Instituto de las Mujeres. La C mezcla con el régimen sancionador de la Ley 15/2022.

El art. 7 LOVG impone a las universidades incluir y fomentar la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal en todas las titulaciones. La A contradice frontalmente el precepto. La B limita injustificadamente el alcance. La C inventa un modelo de evaluación inexistente.

El art. 5 Ley 4/2023 prevé una Estrategia estatal de carácter cuatrienal, sin perjuicio de su revisión cuando se considere oportuno. La A inventa periodicidad y atribuye revisión al Defensor del Pueblo. La C atribuye la aprobación a un órgano sanitario sin competencia. La D atribuye a las Cortes una función ejecutiva ajena.

El art. 44 Ley 4/2023 permite a las personas extranjeras con residencia legal en España la rectificación registral siguiendo las mismas reglas, cuando acrediten que en su país de origen la rectificación no es posible o no surte efectos. Las opciones B, C y D introducen requisitos no exigidos por el precepto.

El art. 40.4 ET, en concordancia con el art. 21 LOVG, reconoce un periodo inicial de seis meses con reserva del puesto anteriormente ocupado, prorrogable. La A se queda corta y elimina la reserva. La C añade una reducción de jornada no exigida. La D mezcla la duración total máxima con la inicial y elimina la reserva.

El art. 67 LOVG faculta al Juez a suspender el derecho a la tenencia, porte y uso de armas, con la obligación de depositarlas. La A confunde con derechos políticos no afectados como medida cautelar. La C convierte una facultad en automatismo absoluto. La D no es regla obligatoria sino facultativa motivada (cabe en el art. 544 bis LECrim).

El art. 19 Ley 15/2022 es pionero en el ordenamiento español al exigir que los algoritmos e inteligencia artificial utilizados por administraciones y empresas tengan en cuenta criterios de minimización de sesgos, transparencia y rendición de cuentas. Anticipa el Reglamento (UE) 2024/1689 de IA. Los demás ámbitos no son objeto específico del art. 19.