Test Tema 19 Auxilio Judicial: Procedimientos contencioso-administrativos

RespuestaA las partes y al Ministerio Fiscal, que habrá de tener lugar antes de transcurrir cinco días, y en la que se les oirá sobre la procedencia de dar al recurso la tramitación prevista en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales.

El art. 117.2 LJCA exige que la comparecencia se convoque a las partes y al Ministerio Fiscal y tenga lugar antes de transcurrir cinco días, sobre la procedencia de la tramitación para protección de derechos fundamentales.

RespuestaLo entregará al actor y a las personas interesadas que se hubieren personado para que puedan hacer alegaciones en el acto de la vista.

El expediente se entrega al actor y a los interesados personados. No hay trámite escrito de alegaciones: lo que tengan que decir sobre el expediente lo exponen de palabra en la propia vista.

RespuestaLa entrega del expediente ocurrirá en original o copia por el Magistrado.

Correcta: b) Es la falsa: la entrega del expediente para demandar la acuerda el Letrado de la Administración de Justicia, no el magistrado, y hoy se hace por vía electrónica, no «en original o copia» (art. 52.1 LJCA). a) Es cierta: recibido el expediente y completados los emplazamientos, el LAJ acuerda que se deduzca la demanda. c) Es cierta: veinte días, salvo los supuestos de inadmisión del art. 51. d) Es cierta: si hay varios recurrentes, todos formulan la demanda a la vez, en un plazo común.

RespuestaDispondrá que se conteste la demanda en el plazo que reste y contra él podrá interponerse recurso de reposición.

Si el juez rechaza la vista, el auto ordena además contestar en el plazo que quede, sin abrir uno nuevo. A diferencia del auto que acuerda la vista, este sí puede recurrirse en reposición.

RespuestaQue condene a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas.

El art. 32.1 LJCA permite pedir frente a la inactividad la condena de la Administración a cumplir sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas. La declaración de ser contraria a Derecho y la orden de cese son las pretensiones propias de la vía de hecho.

RespuestaSolo recurso de reposición.

El art. 39 LJCA limita la impugnación de las resoluciones sobre acumulación, ampliación y tramitación preferente al recurso de reposición, para que estas decisiones de ordenación del proceso no lo paralicen con recursos ante instancias superiores.

RespuestaDiez días, contados desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el art. 30 LJCA.

Art. 46.3 LJCA: en los supuestos de vía de hecho previstos en el art. 30, el plazo será de diez días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en dicho artículo. Si no hubiera requerimiento previo (potestativo), el plazo es de veinte días contados desde el día en que se inició la actuación de vía de hecho.

RespuestaComún de diez días.

El artículo 53.2 LJCA dice que, si el expediente llega después de presentada la demanda sin él, se pone de manifiesto a demandantes y, en su caso, a demandados por un plazo común de diez días para alegaciones complementarias.

RespuestaMediante providencia, contra la que no cabe recurso, con un plazo de diez días para ser oídas.

El artículo 65.2 LJCA regula el planteamiento de la tesis: el órgano judicial lo hace mediante providencia irrecurrible y da a las partes diez días para que se pronuncien sobre los nuevos motivos.

RespuestaAportados indicios fundados de discriminación, corresponderá a la parte demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas.

Art. 60.7 LJCA: en los procedimientos por discriminación por razón de sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, aportados indicios fundados sobre la existencia de la discriminación, corresponderá a la parte demandada aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas. Es la regla de inversión de la carga de la prueba que protege al colectivo discriminado.