Test Tema 1 Auxilio Judicial: La Constitución española de 1978

RespuestaLos montes públicos.

El art. 132.2 declara bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Los montes públicos no figuran en esa lista: si otro bien es de dominio público estatal, lo será porque lo determine la ley, no por la propia Constitución. La zona marítimo-terrestre, las playas y el mar territorial sí lo son en todo caso.

RespuestaEs inviolable y no está sujeta a responsabilidad; sus actos estarán siempre refrendados en la forma prevista en el artículo 64.

Art. 56.3 CE: la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el art. 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el art. 65.2. La b, c y d desconocen la inviolabilidad regia y la traslación de responsabilidad al refrendante.

RespuestaLos municipios y provincias, frente al Estado o a una Comunidad Autónoma.

El art. 59.2 de la LOTC dice que el Tribunal entiende de «los conflictos en defensa de la autonomía local que planteen los municipios y provincias frente al Estado o a una Comunidad Autónoma». Son los entes locales los que defienden su autonomía, no las Comunidades Autónomas frente a ellos ni el Gobierno en su nombre. Cuidado: los conflictos entre municipios no son competencia del Tribunal Constitucional; los conflictos de competencia que conoce enfrentan al Estado con una o más Comunidades Autónomas o a dos o más Comunidades entre sí (art. 59.1).

RespuestaMaterias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional o relativas a la prerrogativa de gracia.

Art. 87.3 CE: no procederá la iniciativa popular en materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Las opciones a/b/c describen materias sobre las que sí cabe iniciativa popular.

RespuestaNo, nunca.

Art. 79.3 CE: el voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable. La delegación entre Cámaras es imposible: cada parlamentario representa a su propia Cámara y solo vota en ella. Las opciones A, C y D plantean excepciones que la Constitución no contempla.

RespuestaParentesco o secreto profesional.

El párrafo final del art. 24.2 encarga a la ley regular los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. La ideología, la religión y las creencias son las del art. 16.2 (nadie puede ser obligado a declarar sobre ellas), que es otro derecho; la cláusula de conciencia es del art. 20.1.d), ligada a la información, y la amistad con el acusado no figura en el precepto. Cuidado: dos artículos hablan de no declarar; este es el de los hechos delictivos.

RespuestaEs personal e indelegable, conforme dispone la Constitución.

Art. 79.3 CE: el voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable. La b/d permitirían delegación, contraria al texto constitucional; la c generaliza el voto por correo, que solo se admite en supuestos tasados por los Reglamentos (maternidad, paternidad, hospitalización, etc.) sin convertirse en regla general.

RespuestaSuspenderán provisionalmente el proceso hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión y, si la admite, hasta que resuelva definitivamente.

Según el art. 163 de la Constitución, la cuestión se plantea «en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos», pero no dice que lo que no se suspende sea el proceso. Esos efectos los fija la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: por su art. 35.3, el planteamiento suspende provisionalmente el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional decide si admite la cuestión y, si la admite, el proceso sigue suspendido hasta que la resuelva definitivamente. Lo que no se suspende es la vigencia ni la aplicación de la ley cuestionada (art. 30 de esa ley). Redacción ajustada a la ley: la opción a) decía que el proceso se suspende «automáticamente» y «hasta la sentencia del Tribunal», sin distinguir la suspensión provisional hasta la admisión. La b) es falsa, porque el proceso sí se suspende. La c) es falsa: la suspensión no depende de que la pida el Ministerio Fiscal. La d) es falsa: plantear la cuestión no anula la norma, que sigue vigente mientras el Tribunal no resuelva.

RespuestaNinguna: todas siguieron el procedimiento del art. 167.

Desde 1978 la Constitución se ha reformado cuatro veces: el 27 de agosto de 1992 (art. 13.2), el 27 de septiembre de 2011 (art. 135), el 15 de febrero de 2024 (art. 49) y el 19 de mayo de 2026 (art. 69.3, en vigor desde el 20 de mayo de 2026). Las cuatro se tramitaron por el procedimiento ordinario del art. 167 y ninguna por el agravado del art. 168, porque ninguna tocaba el Título Preliminar, la Sección 1.ª del Capítulo segundo del Título I ni el Título II: el art. 13.2 está en el Capítulo primero del Título I, el 49 en el Capítulo tercero, el 135 en el Título VII y el 69.3 en el Título III. Cuidado: hasta mayo de 2026 eran tres reformas, y ninguna de las cuatro se ha sometido a referéndum.

RespuestaLey Orgánica.

Según el art. 135.2 de la Constitución, en su párrafo segundo, «Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto». No hay que confundirlo con el art. 135.5, que encarga a una ley orgánica desarrollar los principios del artículo y regular, entre otras cosas, la metodología y el procedimiento para calcular el déficit estructural. La a) y la c) son falsas: el decreto legislativo y la ley de bases son piezas de la delegación legislativa (arts. 82 y 85 de la Constitución), y aquí la Constitución exige ley orgánica. La d) también es falsa, porque la b) es correcta.