Test Tema 1 — La Constitución española de 1978

Art. 68.5 CE: son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La LOREG amplía a los residentes en el extranjero. Magistrados, jueces y fiscales en activo son inelegibles (art. 70.1.d), igual que miembros del CGPJ y altos cargos.

Art. 64.1 CE: la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el art. 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso (no hay aún Gobierno o este está cesante). Los demás presidentes citados carecen de competencia constitucional para refrendar.

El art. 8 CE enumera únicamente tres componentes de las Fuerzas Armadas: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. La Guardia Civil, pese a tener naturaleza militar, no forma parte de las FAS del art. 8 CE; se regula por la LO 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las opciones a y d son incorrectas por incluir a la Guardia Civil o a la Policía Nacional en las FAS, lo cual no corresponde al texto constitucional. La opción c es incorrecta porque omite la Armada e introduce los Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen un encaje constitucional distinto (art. 104 CE).

CORRECTA: El art. 9.2 CE consagra la igualdad MATERIAL (real y efectiva), que va más allá de la igualdad formal del art. 14; obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que impidan su pleno ejercicio. — A) la igualdad formal es el art. 14; el art. 9.2 es su complemento material, no su repetición. — C) el art. 9.2 no forma parte del listado del art. 9.3; la interdicción de la arbitrariedad es otro principio distinto. — D) aunque relacionado con el valor 'igualdad' del art. 1.1, no son de idéntico contenido: el 1.1 enuncia el valor en abstracto y el 9.2 impone una obligación concreta de acción a los poderes públicos.

El art. 81.2 CE exige mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto de ley orgánica. DISTRACTOR A: la mayoría de tres quintos se exige, entre otros casos, para la reforma constitucional ordinaria (art. 167), no para las LO. DISTRACTOR C: no se exige mayoría absoluta en ambas Cámaras; sólo en el Congreso. DISTRACTOR D: la mayoría de dos tercios se asocia a la reforma agravada del art. 168, no a la aprobación de leyes orgánicas.

El TC (SSTC 36/1981 y 116/1999) ha establecido que el Preámbulo tiene valor interpretativo: orienta la comprensión de los preceptos vinculantes, pero no puede fundar por sí solo una inconstitucionalidad. DISTRACTOR A: decir que carece 'por completo' de valor jurídico es incorrecto; tiene valor interpretativo reconocido por el TC. DISTRACTOR B: el valor normativo pleno y la posibilidad de fundar inconstitucionalidades por sí solo es predicable de los artículos, no del Preámbulo. DISTRACTOR D: el Preámbulo no tiene rango normativo; equipararlo al Título Preliminar es incorrecto.

Art. 59.4 CE: para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad. La a añade el requisito «de nacimiento» que la CE solo exige para la Tutela del Rey menor (art. 60.1). La b y la c incorporan exigencias inexistentes en la Constitución.

La Sección Primera del Capítulo II del Título I CE se denomina "De los derechos fundamentales y de las libertades públicas" (arts. 15-29). Es el núcleo más protegido: recurso de amparo, reserva de Ley Orgánica y procedimiento agravado de reforma del art. 168.

CORRECTA (c): Según la doctrina del TC (STC 36/1981, STC 116/1999 citadas en el apunte), el Preámbulo no tiene valor normativo directo pero sí valor interpretativo: orienta la comprensión de los preceptos vinculantes cuando admiten varias lecturas razonables. INCORRECTA (a): Atribuirle pleno valor normativo es excesivo; el TC ha negado que el Preámbulo pueda fundar por sí solo una inconstitucionalidad. INCORRECTA (b): Decir que carece de cualquier valor jurídico también es erróneo; tiene valor interpretativo reconocido por el TC. INCORRECTA (d): La vinculación directa a los tribunales como artículo numerado corresponde al articulado de la CE, no al Preámbulo.

El Estatuto e Incompatibilidades de los miembros del Gobierno se regula por ley ordinaria (Ley 50/1997 del Gobierno y Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE), no por Ley Orgánica. Las opciones A (art. 122 CE → LOPJ), C (art. 122.1 CE → personal al servicio de la AJ por LOPJ) y D (art. 136.4 CE → LO Tribunal de Cuentas) sí requieren Ley Orgánica.