Test Tema 9 Auxilio Judicial: Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia
10 preguntas tipo test del Tema 9 de Auxilio Judicial, de un banco que incluye las de los exámenes oficiales (de 2009 a 2025), con la explicación legal de cada respuesta. Gratis y sin registro. Actualizado en noviembre de 2026.
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15 preguntas del Tema 9 de Auxilio Judicial, resueltas y explicadas.
Las del test de arriba son una muestra. Estas están siempre aquí, con su respuesta y su explicación, para repasarlas cuando quieras.
Conforme al art. 52.2 del Estatuto General de la Abogacía Española, los profesionales de la Abogacía deberán responder a las reclamaciones de sus clientes en el plazo más breve posible y, en todo caso:
RespuestaAntes de un mes contado desde que se hayan recibido.
El art. 52.2 EGAE obliga a contestar las reclamaciones en el plazo más breve posible y, en todo caso, antes de un mes desde su recepción. El art. 52.1 exige ofrecer al menos un teléfono, fax, correo electrónico o dirección postal.
El tercer apartado de la Carta (relación de confianza con profesionales) se refiere a:
RespuestaAbogados, procuradores y graduados sociales que asisten y representan al ciudadano.
Conforme al art. 552 LOPJ, los abogados y procuradores que intervengan en los pleitos y causas e incumplan las obligaciones que les imponen esa ley o las leyes procesales podrán ser corregidos con arreglo a su Título V:
RespuestaSiempre que el hecho no constituya delito.
El art. 552 LOPJ permite corregir a abogados y procuradores que incumplen sus obligaciones legales o procesales en los pleitos y causas, con un único límite: que el hecho no constituya delito.
Según el artículo 120 de la Constitución, que sirve de marco a la primera parte de la Carta, las sentencias:
RespuestaSerán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.
El art. 120.3 CE exige sin salvedades que las sentencias estén siempre motivadas y se pronuncien en audiencia pública. Las excepciones previstas en las leyes de procedimiento se refieren a la publicidad de las actuaciones, no a las sentencias.
Un abogado de oficio formula la insostenibilidad de la pretensión y el dictamen del Colegio de Abogados coincide con el suyo. ¿Qué procede a continuación?
RespuestaSe solicita informe fundado del Ministerio Fiscal, que debe emitirlo en seis días.
Según el art. 33.2 de la Ley 1/1996, formulada la insostenibilidad, la Comisión pide dictamen al Colegio de Abogados (quince días) y, si coincide con el del abogado designado, solicita informe fundado del Ministerio Fiscal, que se emite en seis días. La desestimación solo llega si el Colegio y el Ministerio Fiscal estiman indefendible la pretensión (art. 34), y aún falta el informe del Fiscal. El segundo abogado se nombra si el Colegio o el Fiscal la consideran defendible, que no es el caso del Colegio. Y la ley no prevé un dictamen del Consejo General. Cuidado: un dictamen coincidente del Colegio no basta para desestimar.
Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, los documentos emitidos por los órganos judiciales y por los particulares a través de medios electrónicos y telemáticos tendrán plena validez y eficacia siempre que:
RespuestaQuede acreditada su integridad y autenticidad de conformidad con los requisitos exigidos en las leyes.
El documento electrónico vale lo mismo que el de papel, lo emita un órgano judicial o un particular y sea cual sea su soporte, siempre que se acredite su integridad y autenticidad con los requisitos que fijan las leyes.
El graduado social colegiado puede asumir la representación y defensa técnica de las partes, conforme al art. 545.3 LOPJ:
RespuestaÚnicamente en el orden social (procesos laborales y de Seguridad Social), como alternativa a abogado/procurador.
La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que dedica sus derechos 40 y 41 a una justicia gratuita de calidad, tiene la siguiente naturaleza:
RespuestaProposición no de ley aprobada por unanimidad por el Pleno del Congreso el 16 de abril de 2002.
La Carta no es una ley ni figura en el BOE: es una proposición no de ley aprobada por unanimidad por el Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002 y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones inscritas en el Registro Público correspondiente, conforme al art. 2.c de la Ley 1/1996:
RespuestaSon beneficiarias del derecho a la AJG cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar (insuficiencia institucional).
Art. 2.c Ley 1/1996: asociaciones de utilidad pública (art. 32 LO 1/2002) y fundaciones inscritas tienen derecho a AJG cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar (insuficiencia institucional). No son automáticas como Cruz Roja o Entidades Gestoras SS.
En relación con el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita a personas jurídicas, indique la afirmación CORRECTA:
RespuestaLas sociedades mercantiles con ánimo de lucro están excluidas del beneficio; solo pueden ser beneficiarias las asociaciones de utilidad pública, fundaciones inscritas, Cruz Roja Española, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y, en su caso, asociaciones de consumidores.
Art. 2 Ley 1/1996: las sociedades mercantiles con ánimo de lucro están excluidas, ni siquiera en concurso. El catálogo cerrado incluye asociaciones de utilidad pública y fundaciones (con insuficiencia institucional), Cruz Roja y Entidades Gestoras de SS (en todo caso) y asociaciones de consumidores en supuestos tasados.
Además del Pacto de Estado, la elaboración de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia figuraba como prioridad de la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia, concretamente en:
RespuestaSu acuerdo quinto, adoptado en Las Palmas el 22 de mayo de 2001.
El Preámbulo dice que la misma prioridad que fija el Pacto de Estado aparece en el acuerdo quinto de la Conferencia Sectorial celebrada en Las Palmas el 22 de mayo de 2001, seis días antes de que se firmara el Pacto.
Según el artículo 7 del Reglamento 1/2005, la réplica informática del Libro de Registro de Sentencias y/o Autos que se lleve en cada órgano judicial reflejará siempre:
RespuestaEl número de procedimiento, la fecha y el número de la resolución y, en su caso, su firmeza.
Cada órgano lleva una réplica informática del Libro de Registro como paso previo al envío electrónico al Centro de Documentación Judicial. Recoge siempre el número de procedimiento, la fecha y el número de la resolución y, si la hay, su firmeza.
En relación con la acción popular, el art. 20.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que:
RespuestaNo podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan su ejercicio, y será siempre gratuita.
Cuidado: la gratuidad de la acción popular no depende de los ingresos, porque el art. 20.3 LOPJ la declara siempre gratuita; y no se prohíbe toda fianza, sino solo las que por su inadecuación impidan ejercerla.
Las prestaciones 8.ª y 9.ª del art. 6 Ley 1/1996, relativas a derechos arancelarios notariales y registrales, consisten en:
RespuestaUna reducción del 80% de los derechos arancelarios cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial o sirvan para fundamentar la pretensión.
¿En qué casos pueden excusarse de la defensa los abogados designados de oficio?
RespuestaSolo en el orden penal, por motivo personal y justo apreciado por los Decanos de los Colegios.
El art. 31 de la Ley 1/1996 dice que solo en el orden penal pueden los abogados designados excusarse de la defensa, por un motivo personal y justo que aprecian los Decanos de los Colegios; la excusa se formula en tres días desde la notificación de la designación y se resuelve en cinco días. No cabe en cualquier orden, ni la aprecia la Comisión. Tampoco la aprecia el juez del proceso. Y no es propia de los órdenes civil y social, sino exclusiva del penal. Cuidado: no confundir la excusa con la insostenibilidad de la pretensión (art. 32), que se comunica a la Comisión en quince días.
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