Test Tema 4 — Organización territorial del Estado

Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada mediante Ley Orgánica por las Cortes Generales (art. 141.1 CE). Es el cauce reforzado de modificación territorial.

La STC 32/1981 (caso Diputaciones Provinciales) configuró la autonomía local como una «garantía institucional»: el legislador ordinario puede regular ampliamente el régimen jurídico local, pero no puede vaciar de contenido las instituciones reconocidas en los arts. 137, 140 y 141 CE hasta el punto de que dejen de ser identificables como tales. La autonomía local no es soberanía (opción C) ni derecho fundamental directamente amparable (opción D), aunque la LO 7/1999 introdujo el conflicto en defensa de la autonomía local.

La respuesta correcta es la opción C.

El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad entre las CCAA (art. 138 CE). Es función estatal velar por el equilibrio interterritorial.

🔁 Pregunta repetida en exámenes oficiales — también cae en: 2018, 2021 ⚠️ Pregunta anterior a la LO 1/2025. Pendiente de auditoría legal: puede haber cambiado la normativa. ✅ Verificada: tema no afectado por LO 1/2025

El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo (art. 141.2 CE).

Según el art. 34 LRBRL, dirigir el gobierno y la administración de la provincia corresponde, en todo caso, al Presidente de la Diputación. Es la cúpula ejecutiva de la administración provincial.

El art. 26.1.b LBRL establece como servicios mínimos en municipios de más de 5.000 habitantes el parque público, la biblioteca pública y el tratamiento de residuos, sumados a los del art. 26.1.a (alumbrado, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos y pavimentación). El transporte colectivo y el medio ambiente urbano se exigen a partir de 50.000 habitantes (art. 26.1.d). La protección civil y los servicios sociales corresponden al umbral de 20.000.

El art. 150.3 CE atribuye a las Cortes Generales la apreciación de la necesidad armonizadora «por mayoría absoluta de cada Cámara». La STC 76/1983 (caso LOAPA) precisó además que la armonización es residual: sólo cabe cuando el legislador estatal carece de otro título competencial. La opción A rebaja la mayoría exigida. La opción B introduce un trámite no previsto. La opción D contradice la propia naturaleza de la ley armonizadora.

Según el art. 146 CE, el proyecto de Estatuto de las CCAA del art. 143 será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas.