Test Tema 6 Auxilio Judicial: El Poder Judicial y el CGPJ

RespuestaAbogado Fiscal, Fiscal y Fiscal de Sala.

El art. 35 EOMF establece tres categorías paralelas a las judiciales: Abogado Fiscal (categoría inicial, equivalente al Juez), Fiscal (intermedia, equivalente al Magistrado) y Fiscal de Sala del TS (suprema, equivalente al Magistrado del TS). La denominación «Abogado Fiscal» es heredada del régimen anterior. No confundir con cargos orgánicos como Fiscal Jefe Provincial o Fiscal Superior de la CCAA, que son destinos, no categorías.

RespuestaSolo en la medida de gobierno interno, por tratarse del ejercicio de funciones gubernativas.

Cuidado: el artículo 559 LOPJ subordina a los Presidentes y demás órganos de gobierno al CGPJ únicamente cuando ejercen funciones gubernativas. Cuando juzgan rige el principio de independencia del artículo 104.1.

RespuestaLa Fiscalía Antidroga y la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Solo hay dos Fiscalías Especiales: la Antidroga y la contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Los Fiscales de Sala de Medio Ambiente o de Violencia sobre la Mujer forman parte de la Fiscalía General y no son Fiscalías Especiales.

RespuestaLa Comisión Permanente.

Cuidado: aunque la Comisión de Asuntos Económicos controla la actividad financiera y contable de la gerencia, el art. 611.5 LOPJ adscribe el Interventor del Consejo a la Comisión Permanente; el Tribunal de Cuentas ejerce el control externo.

RespuestaUna falta disciplinaria grave.

La recomendación es la versión atenuada de la intromisión: interesarse mediante recomendación es falta grave (art. 418.2), mientras que entrometerse mediante órdenes o presiones de cualquier clase es falta muy grave (art. 417.4).

RespuestaLa jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio

CORRECTA (c): el propio art. 117.5 CE prevé expresamente que la ley regulará la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio. INCORRECTA (a): el Tribunal Constitucional ejerce jurisdicción constitucional pero no se menciona en el art. 117.5 CE como excepción al principio de unidad; está regulado en el Título IX. INCORRECTA (b): el Tribunal de Cuentas tiene jurisdicción contable reconocida por el art. 136 CE, no por el art. 117.5 CE. INCORRECTA (d): los tribunales consuetudinarios están reconocidos por el art. 19.4 LOPJ, no como excepción constitucional expresa al principio de unidad.

RespuestaLo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

Según el artículo 123.1 CE, el Tribunal Supremo tiene jurisdicción en toda España y es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes. La única salvedad que recoge el precepto es lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

RespuestaEn exclusiva al Tribunal Constitucional, en los términos de la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica.

Cuidado: el orden contencioso-administrativo conoce de las disposiciones generales de rango inferior a la ley, pero el artículo 9.4 LOPJ le excluye expresamente las Normas Forales fiscales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Estas corresponden en exclusiva al Tribunal Constitucional.

RespuestaComisión de servicio.

Cuidado: el art. 348 enumera cinco situaciones (servicio activo, servicios especiales, excedencia voluntaria, suspensión de funciones y excedencia por razón de violencia sobre la mujer). La comisión de servicio no es una situación autónoma: quien la tiene sigue en servicio activo (art. 349.1).

RespuestaEl Pleno del CGPJ, únicamente por falta muy grave

CORRECTA (b): el apunte es taxativo: 'la sanción de separación del servicio sólo puede imponerla el Pleno del CGPJ y por falta muy grave'. — (a) incorrecto: la Comisión Disciplinaria sanciona faltas graves pero no puede imponer la separación; y la separación no cabe por falta grave. — (c) incorrecto: el Ministerio de Justicia no tiene potestad disciplinaria sobre jueces; es una de las garantías de la inamovilidad del art. 117.2 CE. — (d) incorrecto: la Sala de Gobierno del TS no tiene competencia para imponer sanciones de separación; esa competencia recae en el Pleno del CGPJ.